La educación como bien público

La educación es el medio más eficaz para abatir la pobreza, combatir la violencia y lograr un auténtico desarrollo humano. A todos nos conviene tener más y mejor educación y que todos los demás tengan. La carencia de este bien lleva a las sociedades al fracaso.

La educación es un derecho humano del que todos deben disfrutar en igualdad de condiciones,  el cumplimiento de este derecho va a posibilitar el disfrute de los otros derechos esenciales. En consecuencia, el derecho a la educación implica derecho de todos o a cualquier educación, sino a una educación de verdadera calidad.

Si garantizamos buena educación, estaremos poniendo los cimientos para que las personas puedan conquistar los otros derechos esenciales. Cuando un bien público existe de igual manera para todos en calidad y oportunidad, posibilita la equidad, la justicia y solidaridad, lo que contribuye a fortalecer la convivencia y el pacto social. Pero si un bien público se ofrece de una manera para unos sectores y de otra manera para otros, se convierte en fuente de inequidad y desigualdad.

Si la educación de calidad es un derecho, es también un deber humano fundamental. Todos somos responsables y debemos colaborar con la sociedad para incorporar plenamente a todas las personas al quehacer de la vida pública  contemporánea. Las sociedades democráticas necesitan a todos sus ciudadanos bien educados.

Por todo esto, no creo que tenga mucho sentido contraponer la educación privada a la educación pública o denigrar de alguna de las dos, pues de lo que se trata es de materializar esfuerzos para garantizar a todos una buena educación.

La clase media y los grupos más privilegiados deben comprometer­se en la defensa y logro de una educación pública de calidad para todos. Si los que egresan de los centros educativos privados no lo hacen con una fuerte conciencia social y el compromiso de  trabajar para que todos disfruten de los derechos esenciales, la educación que imparten no está respondiendo a su condición de bien público.

Uno de los agentes privatizadores más perversos es el clientelismo: el otorgar Cargos o puestos por la afiliación ideológico-partidista, por mera sumisión o por simple amiguismo, para tener o mantener una cuota de poder en la escuela y entre los educadores, sin tomar en cuenta las capacidades profesionales y negando la igualdad de oportunidades, es una forma muy antiética de apropiación privada de un bien público.

Por otra parte, el o los Gobiernos deben evitar la tentación de "privatizar" la educación subordinándola a sus intereses partidistas o para imponer una visión o una ideología particular. Si este fuera el caso, el Gobierno se estaría convirtiendo en el gran agente privatizador, el propietario más poderoso, que apropiándose de los recursos que pertenecen a todos utiliza la educación en su propio beneficio y decide a quién apoyar y a quién no. La función del Estado, más aún en un pretendido socialismo o cualquier otra idea política-económica, no puede ser estatizadora, debe ser eminentemente socializadora, y apoyar las iniciativas sociales orientadas a garantizar a todos una educación de verdadera calidad.

Antonio Pérez Esclarín