Economía, Política, Etica y Ambiente

En los últimos años tres áreas claves del hacer y pen­sar humano están siendo fuertemente influenciadas por los desarrollos en materia ambiental. Por un lado la forma en que vemos los procesos económicos tal y como ya asomamos en el capítulo correspondiente a la pérdida de biodiversidad y a la deforestación, don­de muchas de sus causas tienen sus raíces en ciertas condiciones económicas. En cuanto a política no que­da duda de que el ambientalismo juega un papel ca­da vez más relevante en la tendencia de los votos y la opinión pública: la aparición de "partidos verdes" así lo demuestran. Finalmente, existe una convicción ca­da vez más profunda de que la salvación de nuestro planeta dependerá en gran medida de la ética que se desarrolle en la sociedad como conjunto.

1. Economía y Ambiente

La utilización (y degradación) de los recursos natura­les comporta decisiones económicas, en particular cuando hablamos de recursos no renovables y usos energéticos. Es por ello que esas decisiones econó­micas pueden tener, y de hecho tienen, un profundo impacto sobre nuestro entorno. Las decisiones eco­nómicas no sólo son llevadas a cabo por los gobier­nos, sino también por el sector productivo de la socie­dad (negocios, industrias) y por nosotros mismos como consumidores individuales. Se define como economía el estudio del modo cómo los individuos y grupos toman decisiones económicas para cubrir sus necesidades.

Un bien económico es aquel objeto material o de servicio que satisface alguna necesidad. La eco­nomía estudia los sistemas de producción, distribu­ción y consumo de esos bienes.

Los bienes económicos se dividen en privados, los cuales pueden ser disfrutados por un individuo o grupo de individuos como tal, y públicos, que son aquellos que no pueden ser vendidos en partes y pueden ser disfrutados por cualquiera. Ejemplo de estos últimos son los parques nacionales, el aire, ser­vicios sociales y la fauna y flora silvestre. Por lo gene­ral, los bienes privados suelen estar bien protegidos porque el dueño o dueños de los mismos, al poseer­los, sienten que tienen un incentivo en ese sentido. Por su parte los bienes públicos carecen de dueño definido y su acceso es abierto y gratuito o a muy ba­jo costo por lo que su deterioro o descuido no es po­co frecuente. Por ello es que la contaminación del ai­re, las aguas o la deforestación de áreas públicas, son problemas ecológicos tan importantes, ya que su deterioro no acarrea costos a quienes lo producen y al no tener dueño aparente, pocos velan por su con­servación.

El precio de un bien depende básicamente de su existencia: a mayor existencia, el precio será más bajo, y viceversa. Sin embargo, el precio de un bien económico puede no reflejar con precisión su valor real. Así, cuando un bien es controlado por un solo dueño, se habla de monopolio y el precio puede ser fijado al gusto del que lo monopoliza. Lo mismo ocu­rre con los oligopolios, o control de un bien por par­te de unos pocos, ya que los mismos pueden conve­nir en el precio del bien de acuerdo a sus intereses. Cuando ello ocurre se dice que esos pocos dueños forman un cartel.

La OPEP, por ejemplo, es un cartel, ya que se trata de los principales países exportado­res de petróleo que se reúnen periódicamente para fijar los precios y suministros del petróleo que ellos exportan. La influencia de la OPEP en los últimos años se ha visto disminuida por una serie de factores tales como un control cada vez más reducido del porcentaje total del mercado, al surgir países expor­tadores no incluidos en la OPEP (como México) y de­bido a la creación de reservas estratégicas por par­te de los países que son grandes consumidores (los industrializados). Ello les permite verse menos afec­tados por los vaivenes del mercado al tener grandes cantidades de petróleo almacenadas. Otro factor a considerar es que los países de la OPEP son cada vez menos disciplinados en el cumplimiento de sus acuerdos, en especial cuando algunos de esos paí­ses se ven envueltos en conflictos bélicos ¡o que los lleva a vender más petróleo para poder así cubrir sus necesidades bélicas, como es el caso de Irán e Irak en los últimos años.


Otra manera de deformar el valor de un bien eco­nómico es a través de subsidios para abaratar su precio o colocar impuestos elevados sobre bienes, bien sea suntuosos (automóviles, por ejemplo) o bien sea potencialmente dañinos a la salud y al ambiente (como el alcohol o el cigarrillo). Los subsidios incenti­van la producción de un bien específico (en Venezuela un ejemplo típico ha sido el sector de ali­mentos), pero a la vez reduce las posibilidades de que ese recurso sea conservado apropiadamente, tal y como ocurre con el agua y la energía, lo cual tiene consecuencias ambientales negativas.

Para generar bienes económicos hacen falta tres cosas: recursos naturales (bien sean materias primas o energía), capital o bienes intermedios (herramien­tas, maquinaria, infraestructura, transporte) y trabajo (el esfuerzo mental y físico de las personas por lo cual se pagan salarios).

Las estructuras de las economías dependen del sistema económico escogido por cada sociedad. Así, en economías tradicionales que aún subsisten en zo­nas rurales o indígenas, se llevan a cabo sistemas de economía de subsistencia, es decir, la producción de los bienes que exclusivamente se necesitan para cubrir nuestras necesidades más inmediatas. En las economías de mercado puro todo depende exclusi­vamente de la oferta y la demanda entre los producto­res y consumidores, mientras que en economías diri­gidas, la producción, distribución y precios de los bienes son controlados por el Estado.

Con la gradual desaparición de los estados co­munistas, las economías dirigidas han ido desapare­ciendo paulatinamente. Incluso en la República Popular China se han permitido ciertos experimentos de actividades autogestionarias. De la misma manera se puede decir que no existe economía de mercado totalmente pura; incluso en los Estados Unidos, el país con la economía de mercado más avanzada, el gobierno influye sobre ese mercado a través de im­puestos, extensiones fiscales, subsidios y barreras comerciales, de allí que se puede afirmar que todas las economías son en mayor o menor grado, econo­mías mixtas. De hecho, la intervención del Estado es necesaria para prevenir la formación de monopolios, promover la distribución equitativa de la riqueza, ma­nejar los recursos naturales, proteger la estabilidad económica del país, generar servicios públicos (inclu­ido la defensa nacional y la seguridad ciudadana) y velar por la salud pública y la calidad ambiental.

La medida convencional de la riqueza económi­ca de un país se establece mediante el producto te­rritorial bruto (PTB), el cual es el valor en el merca­do (en dólares) de todos los bienes y servicios generados por una economía durante un año. Para saber si la economía de un país está creciendo o de­creciendo, se utiliza el producto territorial bruto re­al o PTB real, es decir, el PTB ajustado a la inflación. En general se define como crecimiento económico el incremento de la capacidad de una economía de proveer bienes y servicios para su uso final. Para sa­ber cuan ricos son los habitantes de un país se usa el PTB per capita, es decir, el PTB total dividido por la población. Sin embargo, esa distribución no es equitativa.

Otro factor de importancia es que el crecimiento del PTB no necesariamente indica un mejoramiento en la calidad de vida. Así, por ejemplo, si el PTB de Venezuela se incrementa por un aumento similar en la venta de gasolina internamente, hay que tener en cuenta que ello significa un empeoramiento de la ca­lidad de vida ya que la gasolina es un contaminante múltiple (hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y azufre, partículas y, particularmente en Venezuela, plomo).

Asimismo, el PTB puede crecer a consecuencia de una rápida explotación de los bosques lo cual trae co­mo consecuencia erosión del suelo y pérdida de bio­diversidad.

De tal manera, para medir el incremento (o de­crecimiento) real de la calidad de vida de un país, se han desarrollado nuevos sistemas de medición tal co­mo el bienestar económico neto. Este sistema inclu­ye niveles de contaminación del lado negativo. Sin embargo, este tipo de sistemas son muy discutidos y aún no han sido aceptados por los gobiernos.

Todos los bienes económicos tienen dos tipos de costos: el costo interno y el costo externo o externalidad. El costo interno es el derivado del pago que hace el comprador por el bien en cuestión, mientras que el costo externo es aquel que no está incluido en el precio directo. Por ejemplo, cuando se deforesta una cuenca, la madera obtenida tiene un precio, pero la erosión que se genera a partir de ese proceso tiene un costo "externo". Otros tipos de costos externos son aquellos que usualmente se llaman los "costos socia­les" de medidas económicas. Un costo externo típico de los procesos industriales es la contaminación. La manera de controlar este problema es para el gobier­no el obligar a los productores a incluir los costos ex­ternos en el precio de sus productos de manera que las ganancias o los impuestos que se obtengan del comercio de los mismos, sirvan para mitigar los daños causados.

Por ejemplo, el aumentar el Impuesto sobre in­dustrias contaminantes sirve para generar acciones paliativas. Una de las mayores críticas que los indus­triales hacen de estas medidas es que las mismas son inflacionarias. Los ambientalistas, por su parte, sostienen que estas prácticas hacen a la industria, más eficaz y, a la vez, más competitiva al utilizar me­nos recursos naturales, menos energía y ser menos contaminante.

Esta situación coloca a cualquier gobierno a es­coger entre ¡os costos de mantener un ambiente lim­pio y aquellos que se perciben como un obstáculo al desarrollo económico. De allí que este tipo de decisio­nes económicas tengan una fuerte carga política. Hay tres maneras por medio de las cuales un gobierno puede intervenir en este tipo de disyuntivas:

a) Legislando y aplicando leyes punitivas contra aquellos que dañan el ambiente, regulando los nive­les de contaminación, las actividades dañinas y que favorezcan la conservación de los recursos natura­les.

b) Venta de derechos de uso de recursos y de generación de contaminación de manera de internali­zar el uso de esos recursos y la generación de conta­minación dentro de los límites permisibles.

c) Incentivar acciones a favor del ambiente tales como incentivos fiscales, pagos de subsidios a em­presas no contaminantes en sectores que tradicional-mente sí lo son y, lo más importante, generando entre la población actitudes a favor del ambiente por medio de acciones ejemplificantes.

En general, la planificación de estas medidas re­quiere de un análisis de costo-beneficio para ver cuál de ellas (o combinación de ellas) es, o son, las más apropiadas. Estos análisis deben considerar los costos y beneficios tanto a corto como a largo plazo, lo cual no siempre es fácil ya que mientras más lejos se coloquen en el tiempo, los cálculos se convierten en menos confiables, tales como el costo de los re­cursos naturales en diez años, las nuevas tecnologías anticontaminantes del futuro, etc.

En cualquier caso, la mayoría de los expertos (tanto ambientalistas como economistas) están de acuerdo que la sociedad del futuro debe ser una so­ciedad sustentable. es decir, una sociedad en la que el desarrollo económico no se produce a expen­sas de la calidad de vida en general y de la degra­dación de los recursos naturales. Para que ello sea posible, se considera que la misma debe ser una so­ciedad con altos niveles de conservación de recur­sos por medio de una alta eficiencia en su uso y un alto nivel de reuso y reciclaje de productos, lo que implica disminución en el consumismo, integración de la filosofía ecológica dentro de la planificación económica y una mejor comunicación gobierno - so­ciedad basada en la apertura de la información so­bre los problemas y soluciones de la situación am­biental.

2. Política y Ambiente

La palabra "política" tiene connotaciones nega­tivas en muchos de nosotros quienes la asociamos con conceptos tales como ineficiencia, corrupción y falta de honestidad. Sin embargo, ello no necesaria­mente debería ser así. De hecho, hoy en día se de­fine política como el proceso por medio del cual un individuo o grupo de individuos tratan de influenciar o controlar las políticas y acciones del gobierno desde el más local de los niveles hasta el nivel na­cional o internacional. Cuando uno vota, está ha­ciendo política, cuando se escribe un artículo de opinión en un periódico, también. Los partidos polí­ticos no son las únicas maneras de asociarse para hacer política. Las asociaciones vecinales, los gru­pos ambientalistas y las asociaciones profesionales son otras formas de hacer política, ya que todos ellos tratan de influir en las políticas de los gobier­nos a distintos niveles y sectores. Grandes hombres lograron grandes cambios políticos sin militar en partido politico alguno y ni siquiera ocupar un cargo público, tal es el caso de Mahatma Gandhi y Martin Luther King.

Por supuesto que la manera de hacer política variará de acuerdo al sistema político en que se vi­va, desde una democracia constitucional hasta una dictadura totalitaria, pasando por las formas Inter­medias de autocracias y populismos autoritarios. Las asociaciones civiles, por ejemplo, ven muy res­tringidas sus actividades, por lo que el desarrollo de una sociedad civil organizada se utiliza como medi­da de desarrollo de una democracia, de las demo­cracias que van poco más allá de la elección de al­gunos funcionarios periódicamente, a las democracias donde esos funcionarios deben ren­dirle cuenta en forma constante, abierta y sin utilizar intimidación alguna hacia los ciudadanos. De he­cho, un signo de democracia avanzada es el de que la sociedad civil se convierte en agente fiscali-zador de la acción del Estado.

Los grupos ambientalistas están empezando a jugar un papel cada vez más importante en el desa­rrollo de las democracias en países menos desarrolla­dos. Hasta la caída de los regímenes totalitarios de la Europa del Este, los grupos "verdes" no estaban lega­lizados, solían llevar a cabo reuniones clandestinas y fueron víctimas de represiones muy duras. En países desarrollados democráticos, las corrientes "verdes" (constituidas en partidos o no), han sido capaces de modificar políticas económicas y legislativas de gran envergadura.

En cualquier caso, es difícil ser ambientalista y pensar que no se está practicando política. De hecho el fin último que un ambientalista serio busca, es mo­dificar políticas existentes de manera que podamos disfrutar un futuro mejor, es decir, lo mismo que un político profesional puede prometer. La diferencia es que un ambientalista no actúa bajo una óptica que necesariamente está encuadrada dentro de una ideo­logía tradicional sino, más bien, dentro del ambienta-lismo como ideología en sí. No en balde, en muchos países, los movimientos ecologistas agrupan en sus filas miembros derivados tanto de la derecha como de la izquierda.

Quizás lo que más diferencia a un ambientalista de un político profesional es que el primero pone én­fasis en objetivos a más largo piazo que el segundo. El conciliar ambas posturas requiere de un tipo de li-derazgo poco frecuente, un liderazgo de visión a lar­go plazo que, al mismo tiempo, está armado de rea­lismo para el momento que vive. Estos individuos practican lo que se llama una política de anticipa­ción, es decir, el del cambio de estructuras, institu­ciones y actitudes en el presente para prevenir posi­bles crisis en el futuro. En general son líderes que logran más de lo que en general se cree que es po­sible lograr. De nuevo las figuras de Gandhi y King vienen a nuestras mentes. Usualmente esos líderes son muy poco apreciados en sus comienzos ya que toda sociedad, por naturaleza, se resiste al cambio. Suelen ser vilipendiados, ridiculizados y presiona­dos; sin embargo, su mayor gloría reside en lo que las futuras generaciones piensan de ellos. Simón Bolívar murió siendo considerado el hombre más odiado por los venezolanos; hoy es objeto de vene­ración. Otros como Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, John F. y Robert Kennedy o Martin Luther King murieron a manos del odio; todos los conocen a ellos y a sus obras, pocos recuerdan el nombre de sus asesinos o las razones que tuvieron para perpetrar esos crímenes.

Rachel Carson , en su momento fue objeto de todo tipo de ataques personales; hoy se le acredita como la persona que encendió el movimien­to ambientalista moderno. Los ambientalistas de los años 60 fueron caricaturizados como "hippies" o "desadaptados sociales"; hoy, nadie se atreve en le­vantar bandera alguna que pueda ser percibida co­mo antiecologista.

Pero estos cambios de actitud no ocurren de manera espontánea ni mucho menos como una ini­ciativa independiente de los gobiernos. No olvide­mos que los gobiernos están estructurados de tal manera que las tomas de decisiones, especialmente si se trata de cambios importantes, son lentas y que para llegar a ellas hay que hacer muchos compromi­sos en el camino. Sólo cuando el gobierno se ve pre­sionado es que acelera los cambios o. en el peor de los casos, los conduce en la dirección correcta. Es por ello que los grupos ambientalistas han jugado un papel tan importante en la modificación de políticas, pero ello sólo ocurre cuando el ambientalismo es percibido como una fuerza lo suficientemente pode­rosa como para canalizar votos de manera cons­ciente o inconsciente. Mientras los grupos ambienta-listas de un país carezcan de fuerza e independencia, los cambios a lograr en la materia serán siempre lentos y no necesariamente en la di­rección correcta.

Para lograr cambios, es esencial que los grupos ambientalistas reúnan tres condiciones esenciales:

a) Independencia del Estado. Esa es la única manera que los grupos ambientalistas puedan re­presentar amplios espectros de la población y gene­rar cambios, no simplemente certificar el status quo. a menos que, por supuesto se muestren con­formes con la realidad, circunstancia en la que per­derían su razón de ser, es decir, su capacidad para generar cambios.

b) Redefinición del concepto de seguridad na­cional. Tradicionalmente el sentido de seguridad na­cional se basa en la defensa de las fronteras y el concepto ortodoxo de soberanía, es decir, la capa­cidad de tomar decisiones de una manera absoluta­mente autónoma. Sin embargo, las circunstancias han cambiado. El peligro de una conflagración mun­dial se ha reducido notablemente y la integración económica y los medios óe comunicación de masa han hecho de nuestro planeta un mundo pequeño y altamente interconectado (la "aldea global"). Es por ello que los temas más importantes de hoy en día están relacionados con los derechos humanos, cali­dad de vida y preservación de! medio ambiente, te­mas estos que desafían fronteras e ideologías clási­cas y que más bien requieren de niveles de referencia internacionalmente aceptados y de solu­ciones creativas.

c) Uso persuasivo de los medios de comunica­ción. Para lograr cambios es necesario llegar a las masas y la única manera de hacerlo eficientemente es con el sabio uso de los medios de comunicación masiva. Greenpeace es un excelente ejemplo de có­mo realizando acciones más simbólicas que efectivas se llega a influir la opinión pública mundial lo cual, a su vez, generará cambios de actitud mucho más pro­fundos y efectivos a largo plazo.

Estos grupos llamados Organizaciones no Gubernamentales o ONGs, pueden ser grandes o pequeños, especializados o generallstas, callados o con alto perfil, pero todos ellos cumplen una función en la sociedad y, en sociedades auténticamente de­mocráticas, encontramos todo el arco iris de grupos ambientalistas posibles. Algunos trabajan de cerca con el gobierno; otros se enfrentan a él y a otros in­tereses poderosos: en la última década hemos visto como algunos ambientalistas han dado sus vidas defendiendo lo que creían, desde Dian Fosey ("Gorilas en la Niebla") hasta Chico Mendes, pasan­do por muchos otros, menos conocidos por la opi­nión pública internacional, que mueren cada año en condiciones similares.

Hoy en día, gracias a los millones de personas que se unen a grupos ambientalistas en todo el mun­do es que se producen cambios políticos en la direc­ción adecuada para asegurar un planeta mejor para los hijos de nuestros hijos.

3. Ética Ambiental

El nivel más elevado de conciencia humana es el desarrollo de una ética ambientalista. El llegar a la misma no es fácil y toma tiempo, incluso para aquellas personas que conside­ramos inteligentes y sensibles ya que se requiere de conocimientos que, de una u otra manera, desarrollen cambios de actitud en nosotros. Actitudes que nos lle­ven a considerar que todos somos parte de la natura­leza y que, por ende, requerimos de la misma para sobrevivir. Que todas las especies tienen igual dere­cho a la existencia, que los recursos son limitados y que debemos utilizarlos lo más sabiamente posible ya que todos tenemos los mismos derechos a disfrutar­los siempre y cuando mostremos respeto y responsa­bilidad en el uso de los mismos. Todos tenemos la obligación y el derecho de conocer el estado de nuestro ambiente: el conocimiento es poder y sólo con el uso responsable del mismo se pueden lograr cambios que favorezcan a las futuras generaciones.

Estos y muchos más son los principios que de­berían ser el norte de nuestras acciones como seres humanos. Para llegar a ello, sin embargo, debemos evitar ciertas posturas: que el fin del mundo está cerca y nada de lo que hagamos va a cambiar el re­sultado final; que ya alguien inventará algo que nos aleje de la catástrofe; que lo que hagamos como in­dividuos no es suficiente para cambiar el mundo. Todo ello es falso. El futuro del planeta no está sella­do, ni podemos depender de algún milagro tecnoló­gico como sí jugásemos a la lotería con la Tierra. Si los problemas ambientales son causados por la contribución que cada uno de nosotros hace como individuo, entonces cada uno de nosotros debe con­tribuir individualmente a su solución: sólo así esa so­lución se podrá llamar colectiva.

Fuente: Manual de Ciencias Ambientales (Aldemaro Romero Díaz y Ana Mayayo)